Un informe federal presentado en el Senado muestra que las consultas ambulatorias crecieron 23% en el último año y las internaciones aumentaron 42% desde 2023.

Autoridades de salud mental presentaron ayer en el Senado de la Nación un informe
federal que advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda de atención y la creciente
presión que enfrentan los sistemas públicos de salud mental. La presentación se realizará en
el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, reúne información
aportada por las máximas autoridades de salud mental de 14 jurisdicciones que, en conjunto,
representan al 70,85% de la población argentina.

Uno de los principales resultados del informe que presentaron 16 provincias argentinas es el
fuerte incremento de la demanda de atención. En el último año, las consultas ambulatorias
por salud mental crecieron un 23%. Más preocupante aún es el aumento de las
internaciones: entre 2023 y 2026 se incrementaron un 42%, con una suba del 12%
solamente durante el último año.

El relevamiento también registra un aumento de la demanda de atención de niñas, niños
y adolescentes, así como de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o
empresas de medicina prepaga y pasaron a requerir atención en el sistema público.

Las autoridades provinciales advierten que este crecimiento se produce en un escenario
atravesado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y
el debilitamiento de las redes de apoyo, factores que generan una presión cada vez mayor
sobre los sistemas públicos de salud.

Frente a este escenario, las provincias vienen realizando importantes esfuerzos para ampliar
sus capacidades de atención. Las 14 jurisdicciones relevadas cuentan con dispositivos de salud
mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales.

Entre 2021 y 2026 se identificaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en
hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias informaron ampliaciones de camas
de internación y de sus redes comunitarias, con equipos territoriales, centros de día,
viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de los consumos problemáticos.

A pesar de estos importantes y excepcionales esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de
salud, las provincias advierten que sus capacidades se encuentran sobreexigidas frente a un
incremento de los padecimientos que no cesa. También identifican dificultades específicas
para completar equipos con algunas disciplinas críticas y señalan que, en todos los casos,
debieron asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con
apoyo de Nación.

En este contexto, las autoridades provinciales plantearon que las principales necesidades para
mejorar la atención son aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos
humanos, fortalecer la red pública, garantizar el acceso a medicamentos y producir
información epidemiológica nacional de calidad.

Asimismo, consideran necesario recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias
y municipios que permita mantener en agenda, de manera continua y actualizada, uno de los
temas de mayor prevalencia epidemiológica.

Preocupación por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental

La presentación del informe se realizaó mientras el Congreso debate una reforma de la Ley
Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Las autoridades provinciales expresaron su preocupación
porque consideran que las modificaciones propuestas no aportan soluciones a los principales
problemas que actualmente atraviesan los sistemas de salud mental y, por el contrario,
pueden introducir nuevas barreras de acceso a la atención.

También advirtieron que la reforma elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la
política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad
de respuesta de los sistemas públicos.

En este sentido, las provincias sostienen que el escenario actual requiere fortalecer las
políticas públicas existentes, aumentar los recursos destinados a salud mental y recuperar una
estrategia federal que permita responder de manera coordinada al crecimiento de la demanda.

Las provincias que participaron del informe

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén,
Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (AIAS). Además participaron del encuentro las provincias de Entre Ríos y Río
Negro